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Unas 150 personas se han manifestado hoy en Barcelona contra la tortura, tras conocerse que dos policías locales, cuyo testimonio fue clave para incriminar a varios jóvenes por dejar en coma a un guardia de una pedrada en una fiesta okupa en Barcelona, están imputados por un caso de tortura. Tres jóvenes fueron condenados a hasta cinco años de prisión por la agresión al agente, ocurrida la madrugada del 4 de febrero de 2006 a las puertas de una fiesta okupa en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, y a otros seis se les impusieron penas de hasta tres años por participar en la batalla campal contra una patrulla de guardias urbanos.

A la concentración de hoy, celebrada en el Arco de Triunfo de la capital catalana, han asistido familiares y amigos de los jóvenes condenados, que han reclamado que se reabra su caso tras la sentencia que imputa un caso de torturas y montaje policial a dos agentes que fueron testigos de cargo para incriminarlos.

La defensa de los condenados por la agresión al urbano ha mantenido siempre que éstos se vieron envueltos en un montaje policial con el que el Ayuntamiento de Barcelona pretendía incriminar a personas que no estaban en el interior de la fiesta ilegal, celebrada en un edificio municipal, pese a la constancia de que desde las ventanas del local ocupado se lanzaron objetos contra los agentes.

Actualmente, Rodrigo Lanza, de nacionalidad chilena y principal acusado por la agresión al agente, es el único de los procesados que permanece en prisión, mientras que otra de las condenadas por la trifulca con la policía, Patricia Heras, se suicidó el pasado mes de abril, seis meses después de ingresar en la cárcel, una vez el Supremo confirmó la sentencia.

La reciente condena de dos policías de la Guardia Urbana que fueron claves para incriminar a los jóvenes, en un caso en el que no había más pruebas que el relato de los testigos, ha avivado las esperanzas de los allegados y abogados de los acusados, que desde hace tiempo buscan resquicios legales para reabrir el caso y probar su teoría de que fueron víctimas de un montaje policial.

La Audiencia de Barcelona acaba de condenar a dos años de cárcel a los agentes Víctor Bayona y Bakari Samyang, que fueron testigos de cargo en el caso del 4 de febrero, por torturar en comisaría en septiembre de 2006 al hijo de un diplomático con el que se habían peleado en la discoteca "Bikini" y al que levantaron un atestado falso para justificar su detención por tráfico de drogas.

Samyang, que junto al otro agente ha sido suspendido de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Barcelona sin esperar a que la sentencia sea firme, es citado como uno de los principales testigos de cargo en la sentencia del llamado caso 4F, que destaca que su relato incriminatorio es "contundente, coincidente y sin fisuras".

Precisamente, los condenados por el caso del 4 de febrero denunciaron haber sido víctimas de torturas por parte de los guardias urbanos tras su detención, pero el caso fue archivado.