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En primer lugar es muy importante dejar claro y que a nadie le quede la menor duda que la POLICÍA se encuentra concebida como un servicio público a la comunidad teniendo como función principal la PROTECCIÓN de los ciudadanos y la DEFENSA del ejercicio de los DERECHOS FUNDAMENTALES y LIBERTADES PÚBLICAS. Ahora bien, toda actuación policial en un estado de derecho implica de un modo u otro el ejercicio de un cierto grado de coacción. En determinadas zonas de las ciudades o por diferentes motivos sociales, por ejemplo en ciertas barriadas o recuerden los recientes disturbios ocurridos con estudiantes universitarios en Valencia  o Barcelona (supuestamente son “estudiantes” porque no estoy muy seguro de ello), el simple hecho de la presencia policial con los signos de autoridad que ello conlleva (encargada de hacer cumplir la normativa), hace que determinados “ciudadanos” lo entiendan como un tipo de violencia simbólica, especialmente si el número de policías es elevado, algo que me parece inaudito y que jamás entenderé porque que yo sepa LA POLICÍA ESTÁ PARA AYUDAR.
-Un elemento de la función policial que regula directa e impetuosamente las relaciones entre la sociedad y las fuerzas de orden público es el USO DE LA FUERZA. Las regulaciones sobre su uso se encuentran contenidas en el marco jurídico sobre esta materia tanto a nivel nacional  como internacional, Unión Europea  y Organización de las  Naciones Unidas, leyes como la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  Resolución (ONU) 34/169 de 17 de diciembre de 1979 donde se aprobó el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Manual de Procedimientos en Defensa Personal Policial adoptados por la Unión Europea, así como los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego igualmente aprobados por la ONU.    
-Este uso de la fuerza tanto simbólica como física, que NUNCA es la REGLA HABITUAL, se aplica cuando lamentablemente no queda más remedio, DE FORMA ESTRICTAMENTE NECESARIA y se ampara en una BASE JURÍDICA. Es entendida como la coacción ejercida por la Policía para lograr el acatamiento, neutralización y control de un sujeto o grupos de personas violentas que se encuentran vulnerando los derechos del resto de ciudadanos, o con el fin de alcanzar un objetivo legalmente autorizado. (Principio de Legalidad). Consecuentemente el uso de la fuerza SE APLICA BAJO UN CRITERIO RESTRICTIVO, con carácter extraordinario, es decir de PROTECCIÓN frente a AMENAZAS REALES o CONTRA LA VIDA de un TERCERO o del PROPIO POLICÍA teniendo como fin dominar y controlar la situación y a los responsables, con el menor daño físico posible, independientemente del delito que hubieran cometido y con el objeto de ponerlos de inmediato a disposición de la Autoridad Judicial y de esta forma mantener el “Principio de Autoridad”. NO EXISTE OTRO MOTIVO. Los profesionales tienen muy claro cómo, cuándo y de qué forma deben emplear la fuerza.
-En la vida profesional de un agente de Policía, que por cierto NO ES NADA FÁCIL por las exigencias que impone un Estado democrático y de Derecho, se enfrenta a múltiples situaciones diferentes de muy diverso nivel o grados de intensidad. Estas situaciones NO SERÁN DECIDIDA POR EL POLICÍA SINO POR LA PROPIA CONDUCTA DEL CIUDADANO  que en determinadas ocasiones muestra un  COMPORTAMIENTO INTRATABLE E IRRACIONAL e incluso de una VIOLENCIA EXTREMA o cuanto menos elevada cuando se le pretende “llamar la atención”, “corregir” o “sancionar” por el incumplimiento de la norma. Por tales motivos, en un determinado momento de la actuación policial se debe valorar y actuar sin titubear, con el objetivo de mantener el principio de autoridad y el respeto a la institución que se representa.
-Así de esta forma, los agentes de policía se encuentran situaciones policiales de todo tipo, desde aparentemente “normales” es decir la más común con la ciudadanía, donde se adoptan mínimas medidas de protección (recuerden en el cuaderno anterior cuando hablamos de AUTOPROTECCIÓN), hasta aquellas en las que se OBLIGA AL AGENTE A MANTENER un nivel de “alerta o peligro” puesto que los sujetos con los que se interactúa pueden ser peligrosos o se observan signos evidentes de alto riesgo. Es en estas última, en las que en muchas ocasiones se acaba haciendo “uso de la fuerza” ascendiendo o descendiendo en intensidad según la apreciación de la situación. Claramente lo hemos podido observar en las recientes manifestaciones o protestas en las que DESDE UN PRIMER MOMENTO LOS AGENTES INTENTAN SOLUCIONAR o CONTROLAR LA PROBLEMÁTICA DE FORMA PACÍFICA pero que lamentablemente tras esperar un tiempo prudencial soportando todo tipo de improperios y barbaridades, reciben órdenes directas para proceder a su disolución, acabando la protesta en una batalla campal, con desórdenes públicos, altercados en los que se destrozan entidades bancarias, montan barricadas, quema de contenedores y vehículos con corte de vías, deterioro del patrimonio público etc, y eso sin contar los daños personales  a los vecinos del lugar o a los propios agentes, causados por el lanzamiento de piedras, botellas, artilugios incendiarios, etc. Y ante este tipo de situaciones me pregunto ¿¡cómo pueden pensar algunos individuos que a los agentes de policía les atrae este tipo de sucesos!?. ¡Cumplen con sus funciones. Lo comento porque he escuchado y leído comentarios de todo tipo (prensa, radio, tv…)
Me parece lamentable. De igual manera habrá que tener muy en cuenta el planteamiento de los dispositivos de seguridad preparados y el estudio profesional de éstos, ya que lo mismo de cierta manera se podrían  haber evitado estas situaciones de alta tensión con la aplicación de otras alternativas mas adecuadas. Aún así aunque los agentes policiales son los principales “actores de la película” no puede ni debe recaer sobre ellos toda la responsabilidad sobre los incidentes en los disturbios, porque como todo el mundo sabe siempre hay “directores” de película, claro está unos mejores que otros………
-Bueno continuando pues, cuando la policía se enfrenta ante este tipo de algaradas existe una zona podríamos llamarla “gris” de decisión en la que los agentes cuando interactúan con estos “ciudadanos”, llamémoslos así, teniendo siempre en cuenta la legalidad vigente, determinan la aplicación de un ADECUADO Y RACIONAL USO DE LA FUERZA como autodefensa, a través de tres componentes: congruencia, oportunidad y proporcionalidad, encontrándose unidos a los PROTOCOLOS PROFESIONALES DE ACTUACIÓN, NATURALEZA DE LA SITUACIÓN, EL CONTEXTO Y EL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANIA. Deberán de “DECIDIR EN MUY POCO ESPACIO DE TIEMPO”  las TÁCTICAS concretas de INTERVENCIÓN, que comprenden desde órdenes verbales (judo verbal) es decir haciendo uso de la palabra de forma más eficiente para desarrollar unas habilidades que permitan evitar el conflicto, hasta penosamente e irremediablemente llegar a una SITUACIÓN NO DESEADA en la que se aplican técnicas de control, sujeción y arresto, uso de medios y  materiales policiales e incluso de armas como medida de seguridad extrema. Importante señalar que ANTE UN SITUACIÓN VIOLENTA LA REACCIÓN DEL AGENTE PODRÁ SER MÁS ADECUDA EN LA MEDIDA QUE NO PERCIBA DE ÉSTA UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
-Por lo tanto, es en este tipo de intervenciones de extrema tensión donde se pueden producir determinadas situaciones delicadas o críticas para los agentes por un uso expresivo o material de la fuerza. En ellas como profesionales se debe tener muy claro como, cuando y de que forma se debe utilizar. Para ello debemos poseer una formación adecuada y sobre todo continuada, procesos continuos de profesionalización y responsabilización policial, IMPORTANTE MATÍZ de la cuestión. Todo ello con el objeto de que los funcionarios se encuentren en MEJORES CONDICIONES AÚN para efectuar este control en escenarios bastante difíciles, ya que el potencial humano de nuestros cuerpos de seguridad es inmenso y por tal motivo se debe de cuidar, defender, instruir y sobre todo motivar. Ello NO RESULTARÁ NADA FÁCIL pero de esta manera se podrán EVITAR “actuaciones individuales, desmesuradas, lamentables e inaceptables” que habrá que denunciar y judicializar para determinar las responsabilidades, lo que afectaría seriamente a la legitimidad de la actuación policial y sobre todo en la confianza de la ciudadanía en su policía. Pues bien, de todo ello quien debe decidir una vez recogida toda la información es la Autoridad Judicial, aplicando el peso de la Ley “a cualquier ciudadano” que haya actuado violentamente, ilegalmente, menor o mayor de edad, y también “al profesional policial que la infrinja”, y nadie debe hacer juicios de valor sobre lo ocurrido cuando principalmente se desconocen por completo los hechos y en los que se producen amenazas, insultos, agresiones y altercados de todo tipo.
-Ante esta problemática social, ocurre frecuentemente que en determinados medios de comunicación, en ocasiones, se critica (que no digo que no se informe porque están en su derecho) sin ningún conocimiento de causa sobre lo que significa una intervención policial, sus condicionantes y sus características así como las funciones de los distintos cuerpos de seguridad,  algo en lo que estoy en total desacuerdo y me indigna puesto que se necesita mucho rigor y objetividad porque además se realizan valoraciones desafortunadas sobre las actuaciones policiales máxime cuando (salvo excepciones) NO se tiene un CONOCIMIENTO real y PROFESIONAL sobre las diferentes funciones policiales y lo que significa en una intervención policial el USO DE LA FUERZA.